La representante a la Cámara y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, Gloria Arizabaleta, remitió a esa célula legislativa la controvertida decisión relacionada con la propuesta de suspensión provisional del presidente Gustavo Petro, argumentando que dentro del proceso «se hacen necesarias decisiones que no se adoptaron».
La congresista explicó que su actuación busca que el caso sea evaluado por el conjunto de la Comisión, luego de la polémica generada por el auto mediante el cual planteó apartar temporalmente del cargo al mandatario por una presunta participación indebida en política durante el actual proceso electoral.
La decisión provocó un intenso debate jurídico y político en el país, ya que diferentes expertos y dirigentes sostienen que una medida de esa naturaleza solo puede ser adoptada por el Senado de la República, previo cumplimiento del procedimiento constitucional establecido para investigar a un jefe de Estado.
Arizabaleta señaló que consideró pertinente trasladar el asunto a la Comisión para que esta determine el camino a seguir dentro de la investigación que se adelanta contra el presidente Petro.
Desde el Gobierno Nacional también hubo reacciones. El ministro del Interior, Armando Benedetti, reiteró que la Comisión de Acusaciones cumple funciones de instrucción y que, jurídicamente, una sola representante no tendría competencia para suspender al mandatario. Diversos sectores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, coincidieron en que el procedimiento debe respetar los límites constitucionales.
La controversia se produce a pocos días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, en medio de un ambiente político marcado por la tensión y el debate sobre la participación de funcionarios públicos en campaña.
