El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a encender la controversia alrededor del sistema electoral al cuestionar públicamente el manejo del software de escrutinio utilizado para las elecciones presidenciales de 2026. El mandatario aseguró que la simple exposición del código fuente no garantiza transparencia y lanzó un llamado nacional para que millones de ciudadanos actúen como testigos electorales durante la jornada de votación.
La tensión surgió luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil informara que el código fuente del software sí estaría disponible para auditoría. Sin embargo, Petro respondió afirmando que mostrar el sistema “no sirve” si no existe una revisión técnica profunda realizada por expertos independientes, campañas políticas y representantes ciudadanos especializados en sistemas y seguridad informática.
El jefe de Estado insistió en que las elecciones requieren mayores garantías y recordó que, según él, existen fallos judiciales y normas anteriores que planteaban que el software electoral debía pertenecer al Estado colombiano y no depender de operadores privados. Además, sostuvo que la actual regulación electoral del país está desactualizada y necesita transformaciones estructurales.
En medio de sus declaraciones, Petro pidió a movimientos políticos, partidos y ciudadanos organizar una red masiva de vigilancia electoral. El mandatario afirmó que cada mesa de votación debería contar con testigos preparados para supervisar el conteo y denunciar posibles irregularidades durante el escrutinio.
Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, respondió defendiendo el proceso y aseguró que el 100 % del código fuente ya fue puesto a disposición en salas de auditoría durante varias semanas. Penagos también advirtió que entregar completamente el sistema podría representar riesgos de seguridad informática y abrir la puerta a posibles vulnerabilidades o ataques cibernéticos.
La discusión ocurre a pocos días de la primera vuelta presidencial y aumenta el ambiente de tensión política alrededor de las elecciones de 2026. Mientras sectores cercanos al Gobierno insisten en reforzar la vigilancia ciudadana, desde la organización electoral aseguran que existen garantías suficientes para desarrollar unos comicios transparentes y confiables.
