BOGOTÁ — En una intensa jornada política durante el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro movió sus fichas en dos tableros clave: el control de los recursos previsionales y el alcance de su propuesta constitucional. El mandatario anunció que el Gobierno expedirá decretos y resoluciones de urgencia orientados a «defender el ahorro del público», una medida que impactará tanto a los usuarios de las EPS como a los afiliados de los fondos privados de pensiones.

Este anuncio surge como respuesta directa al reciente fallo del Consejo de Estado, el cual suspendió provisionalmente el traslado de 5 billones de pesos desde las administradoras privadas (AFP) hacia la entidad pública Colpensiones.

De forma paralela, la Superintendencia Financiera mantiene abierta una indagación sobre dichos movimientos. Los datos de la entidad revelan el verdadero tamaño de la controversia: los recursos en juego ascienden a 8,7 billones de pesos y comprometen a 32.803 afiliados, de los cuales 24.331 ya se encuentran percibiendo su mesada pensional a través de Colpensiones. En este escenario de incertidumbre, Petro lanzó un recordatorio crucial para los trabajadores próximos a jubilarse: el 16 de julio vencerá el plazo estipulado en el artículo 76 de la reforma pensional para cambiar libremente de fondo, norma que todavía está bajo la lupa de la Corte Constitucional.

El frente constitucional y la mirada internacional

Más allá de la coyuntura económica, el jefe de Estado aprovechó para profundizar en su polémica agenda de reforma a la Carta Política. Petro reveló haber sostenido diálogos directos con el gobierno de los Estados Unidos con el fin de explicar los alcances de su propuesta, aclarando que el objetivo es «ampliar la Constitución de 1991, no derogarla». Según explicó, busca añadir un capítulo que recoja leyes que, a su juicio, el «Consejo de Colombia» no ha querido derogar a lo largo de 34 años.

El proyecto de recolección de firmas para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que inició su marcha a finales de abril, sigue siendo la principal herramienta del Gobierno. La meta declarada por el mandatario es clara: sacar adelante por vía popular las reformas sociales que el Congreso frenó en estos cuatro años y modificar las estructuras políticas para erradicar la corrupción.

Para cerrar la sesión, el presidente Petro no ocultó su malestar institucional y lanzó duras críticas hacia la Fiscalía General de la Nación, denunciando una presunta «persecución» contra su exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien recientemente recuperó la libertad por vencimiento de términos en el proceso penal que se le sigue por el caso de corrupción en la UNGRD.