El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto mediante el cual el Gobierno nacional fijó el aumento del salario mínimo para el año 2026, al considerar que no se cumplieron los criterios técnicos, económicos y legales exigidos por la normativa vigente.
Según la decisión judicial, el incremento establecido no contó con una justificación suficiente basada en indicadores financieros, productividad y sostenibilidad fiscal, por lo que deberá ser revisado y ajustado. La medida obliga al Ejecutivo a presentar un nuevo decreto con fundamentos claros y respetando los procedimientos legales.
Mientras se emite una nueva reglamentación, el salario mínimo actual continuará vigente. Esta situación genera expectativa entre millones de trabajadores, empresarios y sectores productivos, que esperan una pronta solución que garantice estabilidad laboral y protección del poder adquisitivo.
La decisión también reabre el debate sobre la forma en que se definen los incrementos salariales en el país y el impacto que tienen en la economía nacional y regional.
