El jefe negociador del Gobierno Nacional fue contundente al referirse a los posibles diálogos con el Clan del Golfo: cualquier proceso de acercamiento no significa impunidad. El mensaje fue claro y directo: quienes sigan delinquiendo enfrentarán la cárcel.
Desde el Gobierno se reiteró que la política de paz busca reducir la violencia en los territorios, pero bajo reglas estrictas. No se trata de negociaciones a cualquier costo ni de beneficios automáticos para estructuras armadas que continúen afectando a la población civil.
La advertencia se da en medio de expectativas y preocupaciones ciudadanas frente a eventuales procesos de diálogo con grupos ilegales. El Gobierno insistió en que la justicia es un eje central y que no habrá acuerdos que desconozcan a las víctimas ni permitan la continuidad de economías criminales.
El mensaje también apunta a los territorios más golpeados por la violencia, donde las comunidades reclaman seguridad real y presencia del Estado. Según lo expresado, la paz solo será posible si hay compromiso real de abandonar las armas y responder ante la ley.
Con esta postura, el Gobierno busca marcar una línea clara: diálogo sí, pero con condiciones firmes, responsabilidad penal y cero tolerancia frente a nuevas acciones criminales.
