Mientras en gran parte del país se refuerzan las medidas de seguridad para garantizar elecciones tranquilas, en Montería el alcalde Hugo Kerguelén García tomó una decisión que pocos entienden: permitir el consumo y la venta de alcohol durante la consulta interna del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro.
El argumento del mandatario local es “no afectar al comercio”, pero el costo puede ser mucho más alto que una jornada sin ventas de licor. La medida, que rompe con una tradición de prudencia electoral, pone en entredicho el compromiso del gobierno local con la seguridad y la transparencia del proceso democrático.
En Colombia, la Ley 163 de 1994 y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016) otorgan a las autoridades la facultad de restringir el expendio de bebidas embriagantes en tiempos de elecciones, precisamente para evitar disturbios, riñas o presiones sobre el voto ciudadano.
Incluso el Decreto 1702 de 2023, expedido por el Ministerio del Interior, reitera que la ley seca es una herramienta válida para “prevenir alteraciones del orden público durante los comicios”.
Entonces, ¿por qué en Montería se decidió ignorarla?
¿Acaso el comercio pesa más que la seguridad de los ciudadanos?
¿O se pretende mostrar “normalidad” en un evento político afín al partido de gobierno, sin medir las consecuencias?
La ausencia de ley seca abre la puerta a posibles desórdenes, especialmente en una ciudad donde los ánimos políticos suelen estar caldeados. Y aunque la Alcaldía asegura que habrá presencia policial, lo cierto es que la prevención no se improvisa: se planea, se anticipa y se respalda con decisiones responsables.
“Permitir el alcohol en plena jornada electoral es una imprudencia. No garantiza la tranquilidad, ni el respeto al derecho al voto libre y consciente”, opinó un ciudadano del barrio La Granja.
Radar Caribe cuestiona la falta de criterio institucional en una medida que puede parecer popular, pero que desprotege la convivencia y debilita la autoridad moral de la Alcaldía en temas de seguridad ciudadana.
Mientras algunos celebran porque podrán vender y consumir licor sin restricción, otros advierten que la irresponsabilidad administrativa podría terminar empañando una jornada política que debería ser ejemplo de respeto democrático.
En tiempos donde la confianza en las instituciones se tambalea, decisiones como esta no fortalecen la democracia, la exponen.
