El Gobierno nacional se encuentra afinando un decreto con el que se eliminaría la prima especial de servicios que reciben los congresistas, un ingreso adicional cercano a los 15 millones de pesos mensuales. La iniciativa hace parte de una estrategia de ajuste fiscal y de respuesta al creciente inconformismo ciudadano por los altos salarios del Legislativo en medio de un contexto económico complejo para millones de colombianos.
La propuesta establece que la eliminación de este beneficio no tendría efectos retroactivos. Es decir, solo aplicaría para los congresistas que sean elegidos en las elecciones de marzo de 2026 y que se posesionen en la nueva legislatura a partir de julio de ese mismo año. De esta forma, el Gobierno busca evitar conflictos jurídicos y respetar las condiciones actuales de quienes ya ocupan una curul.
Desde el Ejecutivo se argumenta que esta prima resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y que no se ajusta a las prioridades sociales del país. Suprimirla permitiría enviar un mensaje político de austeridad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, en un momento en el que se exigen mayores esfuerzos para cerrar brechas sociales.
El anuncio ha generado reacciones diversas en el ámbito político. Mientras algunos sectores celebran la medida como un paso hacia una mayor equidad, otros advierten que el debate sobre los salarios de los congresistas debería abordarse dentro de una reforma más amplia al sistema de remuneración del Estado.
