El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este lunes el Decreto 1390 de 2025, que declara al país en estado de emergencia económica y social por 30 días, una medida excepcional que busca hacer frente a la profunda presión fiscal que enfrenta el Estado tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. La reforma, que pretendía recaudar cerca de $16,3 billones de pesos para financiar parte del presupuesto nacional 2026, fue archivada recientemente por los legisladores, lo que aceleró la decisión del Ejecutivo de acudir a esta figura legal para garantizar recursos públicos esenciales.
Según el decreto, la administración queda facultada para expedir decretos con fuerza de ley, especialmente en materia tributaria y presupuestal, con el objetivo de cubrir el faltante fiscal y asegurar la continuidad de servicios públicos como salud, educación y seguridad social. El presidente Petro aseguró en sus redes sociales que la medida responde a una “inminente crisis fiscal” y que sin esta declaratoria “hay recorte” en programas fundamentales del Estado.
La emergencia ha generado reacciones encontradas: mientras el Gobierno sostiene que es indispensable para garantizar la estabilidad financiera del país, sectores de oposición y analistas jurídicos advierten que la decisión podría representar un precedente riesgoso para la separación de poderes, al permitir la expedición de normas tributarias sin debate legislativo. La Corte Constitucional deberá revisar el decreto para determinar si cumple con los parámetros constitucionales.
