El Consejo de Estado suspendió de manera provisional la resolución mediante la cual el Gobierno Nacional designó a Salvatore Mancuso como gestor de paz, dejando sin efectos temporales ese nombramiento mientras avanza el proceso judicial que busca establecer si la decisión se ajustó a la normatividad vigente.
La medida cautelar fue adoptada dentro de una demanda de nulidad contra la Resolución 244 de 2023, expedida durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Tras analizar la solicitud presentada por el demandante, el alto tribunal concluyó que existen elementos suficientes para suspender provisionalmente el acto administrativo hasta que se emita una sentencia definitiva sobre su legalidad.
La acción judicial fue promovida por Samuel Alejandro Ortiz, quien argumentó que el nombramiento habría sido expedido sin cumplir plenamente los requisitos legales y que la resolución presentaba deficiencias en su motivación. Entre los principales cuestionamientos, señaló que el acto administrativo no definía con claridad el tiempo de duración, el territorio de actuación ni las funciones específicas que debía desempeñar Mancuso como gestor de paz.
Asimismo, la demanda sostiene que mantener vigente dicha designación podría afectar los derechos de las víctimas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al considerar que la medida podría representar una forma de revictimización para quienes padecieron los crímenes atribuidos a esa organización armada.
La designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz fue anunciada por el Gobierno Nacional en 2023 como parte de la estrategia orientada a fortalecer los procesos relacionados con la política de paz. Sin embargo, con la decisión adoptada por el Consejo de Estado, los efectos jurídicos del nombramiento permanecerán suspendidos hasta que exista un fallo definitivo sobre el caso
