La ciudad autónoma de Ceuta atraviesa la crisis fronteriza más grave de los últimos años tras el ingreso irregular de decenas de miles de personas desde Marruecos, una situación que ha desbordado la capacidad operativa y humanitaria del enclave español. El flujo migratorio, atribuido en parte a redes de tráfico de personas, ha dejado un saldo de al menos 57 fallecidos por ahogamiento en la zona de los espigones del Tarajal.
Como respuesta, el Gobierno de España desplegó alrededor de 3.000 efectivos del Ejército para reforzar las labores de seguridad junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil. El Ministerio del Interior informó que ya se han tramitado más de 37.500 devoluciones, aunque la presión sobre el sistema de atención a menores no acompañados continúa en niveles críticos.
El presidente Pedro Sánchez visitó Ceuta y calificó la situación como una vulneración de la integridad territorial española. Mientras tanto, distintos sectores políticos han pedido endurecer los controles fronterizos y revisar las políticas migratorias, en un contexto que también ha despertado preocupación en la Unión Europea por sus posibles implicaciones para la seguridad y la gestión de fronteras dentro del espacio Schengen.
