La Fiscalía General de la Nación negó la solicitud de protección jurídica anticipada para varios integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como Clan del Golfo, en medio de los acercamientos de paz impulsados por el Gobierno Nacional.
Según el pronunciamiento del ente acusador, las órdenes de captura contra 29 miembros de esa estructura criminal continuarán vigentes hasta el 25 de junio de 2026, fecha prevista para el inicio formal de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), mecanismo planteado dentro del proceso de negociación.
La Fiscalía argumentó que actualmente no existen garantías suficientes ni claridad sobre los beneficiarios de dicha protección, los compromisos adquiridos por los integrantes del grupo armado y los mecanismos de supervisión que ejercerá el Estado durante el proceso.
Uno de los puntos que más llamó la atención fue la situación de alias “Chiquito Malo”, señalado cabecilla del EGC e identificado como Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, quien mantiene vigente una solicitud de extradición hacia Estados Unidos y un concepto favorable emitido por la Corte Suprema de Justicia desde diciembre de 2025.
El ente investigador reiteró que las negociaciones de paz no suspenden las funciones constitucionales de investigación y judicialización frente a delitos relacionados con estructuras criminales.
La decisión genera nuevas tensiones alrededor del proceso de “paz total” y abre nuevamente el debate sobre los límites jurídicos en las negociaciones con grupos armados ilegales en Colombia.
